El 14 de noviembre de 2023 se publicó en el diario oficial la resolución que dio inicio al proceso que establecerá metas de recolección y reciclaje –entre otras obligaciones– a los residuos de Baterías. La iniciativa contempla tanto las baterías de ácido de plomo como las de ion litio.
Las Baterías son uno de los productos prioritarios de la Ley REP, por el gran volumen en que se usan y, debido a que, por los componentes que contienen, constituyen residuos peligrosos que de no ser tratados de forma correcta pueden generar un grave impacto ambiental. En este sentido, dadas las proyecciones favorables- a nivel mundial- para el desarrollo de la electromovilidad, las baterías de ion litio fueron incorporadas en la elaboración de la normativa.
Bajo este contexto, según el “Estudio del Material Disponible País y el reciclado de los productos prioritarios en Chile 2022”, elaborado por ANIR, un 94,5% de las baterías que ingresan al país son de plomo (31.569 t) y un 3,8% de litio (1.264 t).
Para hacer frente a los desafíos que implican los residuos de las baterías, el 5 de febrero de 2024, el Ministerio del Medio Ambiente designó a los integrantes que conforman el Comité Operativo Ampliado (COA), instancia público-privada que acompañará la elaboración del Decreto Supremo que regulará las metas de recolección y valorización, y otras obligaciones asociadas a este producto prioritario.
Durante la primera sesión del COA (marzo de 2024), el Ministerio del Medio Ambiente compartió una proyección respecto a las baterías eléctricas de vehículos en Chile puestas en el mercado, en donde se estima que al año 2030 bordearán las 50.000 unidades, superando las 100.000 unidades el 2035, con un aumento paulatino hasta sobrepasar las 450.000 unidades el 2050 (Fuente: SUSTREND 2022- Asistencia técnica para desarrollo de antecedentes para fomento de segundo uso y reciclaje de baterías de electromovilidad. Proyecto GIZ).
En línea con lo anterior, datos entregados desde la Asociación Nacional Automotriz de Chile-ANAC- consignan que el mercado general de vehículos lleva una baja acumulada de -12,9% durante el 2024. No obstante, en la categoría de nuevas energías, abril siguió demostrando que las ventas de vehículos de cero y bajas emisiones pueden tener un crecimiento sostenido en el país: las inscripciones de este tipo de vehículos registraron un incremento de 219,8% durante marzo, con 1.436 unidades comercializadas (Informe de Ventas Vehículos Cero y Baja Emisiones abril 2024).
Pese a las cifras anteriores, a juicio de las empresas participantes en este artículo, uno de los desafíos a afrontar respecto al término de la vida útil de las baterías de ion litio será desarrollar su mercado post consumo, aún inmaduro.
“Respecto a las baterías de litio será un desafío poder generar los volúmenes necesarios para que quienes se van a dedicar a valorizarlas quieran instalarse y hacer la inversión que conlleva. La diferencia entre la batería de ion litio y la de ácido plomo es su larga duración; la primera tiene una vida útil sobre los ocho a 10 años, mientras que la segunda, de dos a cuatro años promedio. Actualmente, la recuperación del residuo y el volumen del mercado automotriz que usa batería de ácido plomo es mucho mayor al volumen automotriz que usa ion litio; además, dado que la vida útil de las baterías de litio es más extensa, habrá tiempo para prepararse y cumplir con las metas que defina la Ley REP para estas, pero para lograrlo, hay que hacerse cargo del poco volumen de ese residuo haciendo que sea un mercado rentable a corto plazo”, explica Bernardo Bravo, gerente general de Ecovalor.
Por su parte, el gerente general de Ecobaus, José Luis Martínez, tiene una clara postura sobre el principal desafío para los valorizadores de este producto: “El primer desafío es disponer de una masa crítica suficiente que justifique o rentabilice la instalación de un gestor valorizador. Hoy, los autos eléctricos no alcanzan al 0,3% en Chile, y si bien en el COA, el Ministerio exhibió una curva de crecimiento, que muestra cómo van a ir disminuyendo las baterías de ácido plomo, versus el aumento de las de ion litio, se debe considerar desde ya este desafío”.
Junto con fomentar el desarrollo de un mercado rentable para la valorización de las baterías de litio, el desarrollo tecnológico y el ajuste de procesos serán clave.
El gerente general de Ecobaus, explica que “no todas las baterías de litio son iguales como sí lo son las de ácido plomo, lo que significa que los procesos internos tienen que adaptarse a un tipo de batería que no siempre va a funcionar para el otro. Luego, se debe ir desarrollando una tecnología que efectivamente rentabilice el negocio. Entonces, tenemos un tema de masa crítica y otro de desarrollo tecnológico, que no está en Chile, y en este sentido, el regulador tiene que considerarlo, porque en un plazo no muy amplio estas baterías van a aumentar en volumen, pero lo óptimo es que esto no quede escrito en piedra en la ley, sino que pueda modificarse las veces que sea necesario para adaptarlo- gradualmente- a la realidad observada”.
Por su parte, el gerente general de Ecovalor, resalta lo complejo del tratamiento de las baterías: “El principal desafío está en lograr la recuperación de este residuo, porque tiene componentes valiosos para el mercado; entonces, el reto está en poder obtener el mayor valor posible sobre el residuo, que finalmente es un insumo”.
¿Qué temas críticos debiera considerar la Ley REP para Baterías?
Contar con una normativa para la regulación de las baterías será un aporte para el país, pero resulta fundamental que considere aspectos críticos, más allá de la definición de metas y obligaciones.
El comercio informal de las baterías fuera de uso (BFU) es un problema a nivel país. Según datos entregados por ANIR en su estudio (2022), la tasa de valorización de este residuo peligroso alcanzó un 79,8%, el restante por ciento, posiblemente fue entregado desde los generadores hacia gestores informales, por el alto precio que consiguen fuera del país, o no fueron comercializadas por un posible sobrestock dado el aumento de las importaciones.
José Luis Martínez respalda la importancia de que la Ley considere atacar el mercado no formal: “La informalidad es una cultura que está enraizada en cómo se ha interpretado o cómo se incumple la normativa. Esta comienza por la inconsciencia de entregar indebidamente un residuo peligroso a alguien que sabes que no lo va a disponer en un lugar autorizado, y ahí tenemos una tarea urgente a nivel de formación y educación ambiental, que es de largo plazo, pero que tiene que empezar ya, si es que se quieren cumplir las metas desde el primer año”.
Para hacer frente a la informalidad y otras malas prácticas asociadas a las BFU, por ejemplo, declarar en el SIDREP cantidades menores que las entregadas, la trazabilidad es una alternativa.
“Una forma de combatir la informalidad es con procedimientos de trazabilidad, en base a tecnología, desde el origen hasta el destino final, obligatorios para todas las partes. Es sorprendente que la trazabilidad esté planteada en la Ley como un principio esencial, sin embargo, los Decretos Supremos no lo han recogido en sus textos. Se debiera considerar incorporar un procedimiento de trazabilidad de cargo del sistema de gestión para ser cumplido obligatoriamente por generadores, recolectores y valorizadores, de manera que la historia del residuo se conozca desde su origen y se facilite la verificación de las metas y/o auditorías; esto permitiría conocer la procedencia, que es lo más importante porque es donde está la fuente de la informalidad”, explica Martínez.
Otro de los aspectos críticos a considerar por la Ley debiera ser la regulación del precio para la comercialización de los residuos generados a partir de las baterías fuera de uso.
A juicio de Bernardo Bravo lo más probable es que se puedan cumplir las metas estimadas por la Ley, siempre y cuando exista una correcta regulación del precio de estos residuos: “Mi estimación es que las metas van a partir en lo que hoy se está valorizando- que es casi un 50% del residuo- o sea hoy el mercado está recolectando ese valor. Ahora si el decreto exige rápidamente llegar a niveles del 90%, que sería lo lógico dado que es un residuo que contamina muchísimo el medioambiente, ahí estarían los mayores desafíos. Como la batería tiene un valor relevante para el mercado, la disposición a entregarla dependerá de lo que el mercado quiera pagar por ella, entonces el reto está en que existan los incentivos para que el precio que se pague por el residuo sea adecuado para poder recuperarlo”.
Dados los temas críticos expuestos anteriormente y el crecimiento en el uso de baterías de litio, el ecosistema exige una normativa flexible y avanzada en trazabilidad para evitar el desvío de residuos y garantizar la correcta disposición dentro del marco normativo de la Ley REP.
